El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, cuestionó duramente los recortes presupuestarios impulsados por el Gobierno en áreas sensibles como salud y gasto social, sumándose a las crecientes críticas de alcaldes, gremios y especialistas frente a los ajustes fiscales anunciados para 2026.
Durante una entrevista en CNN Chile, Sichel sostuvo que reducir recursos destinados a programas sociales y atención sanitaria no resolverá los problemas de gestión del Estado y podría terminar afectando directamente a la población más vulnerable.
“No se mejora la gestión quitando recursos”
El exministro y ex candidato presidencial señaló que el debate no debería centrarse únicamente en reducir gasto, sino en cómo mejorar la eficiencia del Estado sin debilitar servicios esenciales.
Según Sichel, el problema no es solamente cuánto se gasta, sino cómo se administra el presupuesto público.
En ese contexto, criticó que los recortes puedan afectar áreas especialmente sensibles como:
- atención primaria de salud
- programas sociales municipales
- salud mental
- apoyo a adultos mayores
- prestaciones preventivas
La polémica por el Decreto 333
Las declaraciones se producen luego de que se conociera el contenido del Decreto 333 del Ministerio de Hacienda, que contempla una reducción superior a los 413 mil millones de pesos para el Ministerio de Salud.
El ajuste impactaría principalmente a:
- hospitales públicos
- Fonasa
- servicios de salud regionales
- programas de Atención Primaria de Salud (APS)
Diversos alcaldes han advertido que los municipios podrían enfrentar dificultades para sostener programas comunitarios y prestaciones básicas si disminuyen los recursos destinados a salud pública.
Alcaldes y gremios aumentan presión
Sichel no ha sido la única figura política crítica de los ajustes.
En los últimos días, alcaldes de distintas tendencias políticas llegaron hasta La Moneda para manifestar preocupación por eventuales recortes en salud y gasto social.
A esto se sumaron advertencias del Colegio Médico y organizaciones de funcionarios de la salud, que sostienen que el sistema público ya opera bajo una fuerte presión asistencial debido a:
- listas de espera
- aumento de enfermedades crónicas
- crisis de salud mental
- alta demanda hospitalaria
El Gobierno defiende el ajuste fiscal
Desde el Ejecutivo, las autoridades han defendido el plan de austeridad argumentando que el país enfrenta estrechez fiscal y necesita ordenar las cuentas públicas.
La ministra de Salud, May Chomalí, aseguró previamente que el ajuste promedio en hospitales sería cercano al 1,1% y que se buscó resguardar la atención directa de pacientes.
Sin embargo, críticos del plan sostienen que incluso reducciones relativamente pequeñas pueden generar efectos importantes en un sistema que ya funciona con déficit estructural.
Debate sobre el tamaño del Estado
La controversia también abrió una discusión más amplia sobre el tamaño y financiamiento del Estado chileno.
Mientras sectores del Gobierno impulsan un ajuste de hasta 6.000 millones de dólares en el gasto público, distintos expertos recuerdan que Chile se mantiene bajo el promedio OCDE en:
- empleo público
- gasto gubernamental
- recaudación fiscal
Académicos y analistas sostienen que el desafío principal no sería únicamente reducir gasto, sino mejorar la calidad y eficiencia de la gestión pública.
Salud y gasto social: el centro de la discusión
Las críticas de Sichel reflejan cómo el debate sobre recortes fiscales comenzó a tensionar incluso a sectores de centroderecha y autoridades municipales cercanas al oficialismo.
La principal preocupación gira en torno a si las reducciones presupuestarias podrían afectar directamente:
- atención médica
- programas preventivos
- servicios comunitarios
- apoyo social en municipios
Todo esto ocurre además en un escenario marcado por alta presión hospitalaria y aumento de enfermedades respiratorias durante el invierno chileno.


















