La Comisión de Salud del Senado recibió un informe con propuestas destinadas a modernizar el sistema sanitario chileno, mejorar el acceso a las prestaciones médicas y reducir los gastos que deben asumir los pacientes.
El documento fue elaborado por la Mesa de Trabajo de Modernización de la Salud en Chile, integrada por exautoridades del Ministerio de Salud, profesionales y especialistas en políticas sanitarias.
Entre sus principales recomendaciones se encuentran fortalecer la atención primaria, reducir las listas de espera, otorgar mayor autonomía a Fonasa, eliminar las preexistencias en las Isapres y mejorar la disponibilidad de medicamentos.
La propuesta también contempla modificaciones en la administración hospitalaria, el funcionamiento de la Superintendencia de Salud y la coordinación entre prestadores públicos y privados.
El informe fue presentado ante los integrantes de la Comisión de Salud del Senado y representantes del Ministerio de Salud, quienes deberán analizar qué iniciativas pueden implementarse administrativamente y cuáles requieren modificaciones legales.
Comisión de Salud recibe propuestas para transformar el sistema sanitario
La entrega del informe se realizó después de aproximadamente dos meses de trabajo de una mesa técnica convocada por la Comisión de Salud del Senado.
La iniciativa surgió tras una sesión especial desarrollada en agosto de 2026, dedicada a examinar los principales desafíos del sistema sanitario chileno.
Durante esa instancia se abordaron problemas relacionados con las listas de espera, las diferencias territoriales en el acceso a prestaciones y la necesidad de fortalecer la prevención de enfermedades.
Posteriormente, especialistas y exautoridades comenzaron a desarrollar recomendaciones para mejorar el funcionamiento del sistema.
Luis Castillo, exsubsecretario de Redes Asistenciales y coordinador de la mesa, presentó las conclusiones ante los parlamentarios.
El documento organiza sus propuestas alrededor de tres grandes objetivos: mejorar el acceso y la oportunidad de atención, fortalecer la protección financiera de los pacientes y elevar la calidad de la gestión mediante metas verificables.
Estas recomendaciones buscan establecer una hoja de ruta para futuras decisiones legislativas y administrativas.
Proponen crear una nueva Dirección General de Salud
Uno de los cambios institucionales más importantes consiste en modificar la estructura de conducción del sistema público.
La mesa recomienda crear una Dirección General de Salud encargada de coordinar y gestionar la red asistencial, incluyendo los servicios de salud y hospitales.
La propuesta plantea avanzar hacia esta nueva organización en un plazo máximo de dos años.
Su implementación requeriría modificaciones legales, debido a que implica redistribuir responsabilidades dentro de la administración sanitaria.
El objetivo es fortalecer la conducción operativa de la red y facilitar una gestión más coordinada de los establecimientos.
Esta reorganización también permitiría revisar la distribución de funciones entre las autoridades encargadas de definir políticas públicas y las instituciones responsables de ejecutar las prestaciones.
Sin embargo, la creación de esta dirección todavía debe ser evaluada por el Congreso y el Ejecutivo.
Fonasa podría contar con mayor autonomía y nuevas facultades
El Fondo Nacional de Salud (Fonasa) ocupa un lugar central dentro de las recomendaciones presentadas.
La mesa propone modificar su estructura de gobierno mediante la creación de un consejo directivo colegiado, cuyos integrantes tendrían mandatos de entre seis y ocho años.
El organismo contaría con mayor autonomía técnica y nuevas facultades para gestionar la compra de prestaciones.
La finalidad sería fortalecer su capacidad para negociar servicios y administrar los recursos destinados a la atención de sus beneficiarios.
Los especialistas también recomiendan revisar la Modalidad de Libre Elección y estudiar el funcionamiento de los seguros complementarios.
Estas propuestas buscan mejorar la eficiencia del financiamiento sanitario y ampliar las alternativas disponibles para los afiliados.
No obstante, todavía no existe una decisión legislativa que establezca estos cambios.
Plantean eliminar las preexistencias en las Isapres
Una de las medidas que podría tener mayor impacto para los usuarios del sistema privado es la eliminación de las preexistencias y de la declaración de salud exigida al contratar determinados seguros.
Actualmente, las condiciones de salud diagnosticadas previamente pueden influir en las posibilidades de afiliación y en las condiciones de cobertura.
La mesa propone eliminar estas restricciones en un plazo máximo de tres años.
Para facilitar la transición, recomienda establecer un fondo de compensación de riesgos entre Isapres.
Este mecanismo permitiría distribuir determinados costos asociados a las diferencias en los perfiles de salud de sus afiliados.
También se plantea fortalecer la regulación de los seguros complementarios mediante la participación de la Superintendencia de Salud y la Comisión para el Mercado Financiero.
El objetivo sería avanzar hacia condiciones de aseguramiento con mayor protección para las personas.
Sin embargo, eliminar las preexistencias requiere cambios normativos y el diseño de mecanismos financieros que permitan sostener el sistema.
Atención primaria podría estar disponible para todas las personas
Otra de las recomendaciones relevantes consiste en establecer un plan de salud familiar dentro de la atención primaria.
La propuesta contempla que este programa pueda estar disponible para todas las personas, independientemente de su sistema de previsión.
La inscripción sería voluntaria e incluiría prestaciones preventivas y de seguimiento.
Entre los servicios considerados se encuentran las vacunas, los controles médicos, los exámenes y el acceso a medicamentos.
También se propone incorporar atención de diferentes especialidades, incluyendo pediatría, medicina interna, psicología, psiquiatría y ginecología y obstetricia.
El objetivo es que la atención primaria tenga mayor capacidad para resolver necesidades de salud sin depender necesariamente de derivaciones hospitalarias.
Este enfoque podría contribuir a detectar enfermedades oportunamente y fortalecer la continuidad de los tratamientos.
La propuesta todavía requiere definir aspectos relacionados con financiamiento, organización territorial y disponibilidad de profesionales.
Buscan reducir los copagos para afiliados de Fonasa
El gasto que deben asumir directamente los pacientes constituye otro de los principales temas abordados por la mesa.
Entre las recomendaciones se encuentra permitir que Fonasa establezca convenios con prestadores para reducir los copagos de determinados beneficiarios.
La medida estaría dirigida especialmente a personas pertenecientes a los tramos B, C y D.
El objetivo sería facilitar el acceso a prestaciones médicas y disminuir las barreras económicas que pueden afectar la continuidad de la atención.
La propuesta también contempla revisar los mecanismos de compra de servicios y las condiciones de los seguros complementarios.
Sin embargo, todavía no se han definido montos específicos de reducción ni nuevas condiciones de cobertura.
Estos elementos deberán analizarse durante las siguientes etapas de discusión.
Listas de espera: proponen establecer tiempos máximos de atención
Las listas de espera representan uno de los problemas más importantes del sistema sanitario chileno.
Por esta razón, el informe recomienda establecer tiempos máximos nacionales y regionales para determinadas prestaciones que no están cubiertas por las Garantías Explícitas en Salud (GES).
La propuesta contempla priorizar a los pacientes según la gravedad de sus condiciones y otros criterios clínicos.
También plantea fortalecer la capacidad diagnóstica de la atención primaria para evitar derivaciones innecesarias.
Los especialistas consideran importante mejorar los mecanismos de seguimiento y establecer responsabilidades claras para el cumplimiento de los plazos.
Otra recomendación consiste en utilizar de manera más eficiente la coordinación con segundos prestadores cuando corresponda garantizar una atención.
El objetivo es reducir las demoras y mejorar la oportunidad de las prestaciones.
Sin embargo, los tiempos máximos propuestos todavía no han sido establecidos como nuevas garantías legales.
Superintendencia de Salud tendría mayores facultades de fiscalización
El informe también recomienda modificar la estructura de la Superintendencia de Salud.
La propuesta contempla transformar su actual consejo consultivo en un órgano de dirección con mayores responsabilidades institucionales.
Además, se plantea fortalecer la fiscalización de los sistemas público y privado.
Entre las herramientas consideradas se encuentran auditorías clínicas y mecanismos de seguimiento del cumplimiento de las obligaciones sanitarias.
El objetivo es mejorar la supervisión de los prestadores y aseguradores.
También se busca reforzar la capacidad institucional para detectar problemas de calidad y exigir medidas correctivas cuando corresponda.
Estas modificaciones requerirían una evaluación de las facultades actuales del organismo y de los cambios legales necesarios.
Medicamentos: buscan reducir gastos y agilizar registros sanitarios
El acceso a medicamentos constituye otra de las prioridades identificadas.
La mesa propone separar la Agencia Nacional de Medicamentos (Anamed) del Instituto de Salud Pública (ISP), con el objetivo de fortalecer su funcionamiento institucional.
También recomienda acelerar determinados procedimientos de registro sanitario, considerando evaluaciones realizadas por agencias internacionales de referencia.
Otra medida consiste en avanzar en la implementación de la receta electrónica utilizando la Denominación Común Internacional.
Este sistema permite identificar los medicamentos por el nombre de su principio activo y no exclusivamente por su marca comercial.
La propuesta busca facilitar la información disponible para pacientes y profesionales, además de promover una gestión más eficiente del acceso a tratamientos.
Sin embargo, la reducción efectiva de los gastos dependerá de las medidas que finalmente se implementen y de su impacto en los precios y coberturas.
Proponen mejorar la gestión de hospitales y evaluar a sus directores
La administración hospitalaria también forma parte de las recomendaciones.
Los expertos plantean fortalecer los mecanismos de selección de directores mediante criterios de mérito y experiencia profesional.
Asimismo, proponen que la continuidad de los directivos esté relacionada con evaluaciones de desempeño.
El documento contempla actualizar los estatutos del personal sanitario y estudiar mecanismos de remuneración vinculados a la productividad.
También recomienda acelerar modificaciones al Código Sanitario.
Estas medidas buscan mejorar la organización de los establecimientos y fortalecer la responsabilidad de sus equipos directivos.
Sin embargo, su implementación requeriría considerar las condiciones laborales, los recursos disponibles y los mecanismos de evaluación.
Los detalles deberán discutirse con las autoridades y los actores involucrados.
Licencias médicas: plantean agilizar los procedimientos de COMPIN
La Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) también aparece entre las instituciones que requieren mejoras.
La mesa propone reducir los tiempos de revisión y tramitación de licencias médicas.
Además, recomienda estudiar mecanismos para gestionar el ausentismo laboral de corta duración.
El documento menciona la necesidad de avanzar en la discusión legislativa del proyecto relacionado con los períodos de carencia.
Este tipo de propuestas requiere especial atención debido a sus posibles consecuencias para trabajadores, empleadores y el sistema de seguridad social.
Por ello, cualquier modificación deberá ser evaluada durante su tramitación legislativa.
Las recomendaciones no implican que se hayan aprobado nuevas restricciones o condiciones para el pago de licencias médicas.
Atención del cáncer: buscan mayor coordinación entre el sistema público y privado
La atención oncológica constituye otro de los puntos centrales del informe.
La mesa recomienda establecer mecanismos de coordinación entre prestadores públicos y privados para mejorar el acceso a diagnósticos y tratamientos.
La propuesta presta especial atención a las prestaciones relacionadas con el cáncer que no están cubiertas por las garantías GES.
También plantea fortalecer el cumplimiento oportuno de las garantías existentes.
El objetivo es reducir las demoras que pueden afectar a pacientes que requieren atención especializada.
Los expertos consideran que una mayor coordinación podría contribuir a aprovechar mejor la capacidad asistencial disponible.
Sin embargo, su aplicación requeriría definir criterios clínicos, financiamiento y responsabilidades entre los diferentes prestadores.
Parlamentarios presentan distintas opiniones sobre las propuestas
La presentación del informe generó valoraciones y observaciones entre los integrantes de la Comisión de Salud.
El senador Juan Luis Castro, presidente de la instancia, destacó el trabajo realizado por la mesa y señaló que varias recomendaciones podrían traducirse en iniciativas legislativas.
Por su parte, la senadora Karol Cariola manifestó que el sistema sanitario necesita cambios estructurales, aunque expresó reservas frente a propuestas que mantengan o amplíen determinados mecanismos de compra de servicios privados.
El senador Enrique Lee valoró la participación de diferentes especialistas, pero consideró que el documento debería profundizar en las desigualdades territoriales de acceso a la salud.
En tanto, la senadora Ximena Órdenes destacó la importancia de fortalecer la atención primaria y planteó la necesidad de incorporar con mayor profundidad la salud digital.
Estas intervenciones reflejan que existen coincidencias sobre varios problemas del sistema, pero también diferencias respecto de las soluciones y del modelo institucional que debería adoptarse.
Ministerio de Salud analizará las recomendaciones
La ministra de Salud, May Chomali, participó en la presentación y valoró el trabajo desarrollado por la mesa técnica.
La autoridad explicó que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda han definido una agenda estratégica para los próximos años.
Según señaló, algunas de las recomendaciones presentadas coinciden con iniciativas que ya forman parte del trabajo del Ejecutivo.
También reconoció que existen propuestas novedosas que podrían complementar la planificación sanitaria.
Sin embargo, aclaró que será necesario analizar los detalles de cada medida para determinar su viabilidad.
La ministra destacó especialmente la importancia de mejorar la gobernanza del sistema.
El documento será revisado por la Comisión de Salud durante las próximas jornadas, antes de definir posibles pasos legislativos.
La modernización del sistema sanitario requiere acuerdos y financiamiento
El informe presentado ante el Senado reúne recomendaciones que abarcan diferentes dimensiones del sistema de salud chileno.
Las propuestas incluyen cambios institucionales, fortalecimiento de la atención primaria, modificaciones al aseguramiento y mejoras en la gestión de hospitales.
También contemplan medidas para reducir los tiempos de espera y mejorar el acceso a medicamentos y tratamientos oncológicos.
Sin embargo, la implementación de estas iniciativas plantea desafíos relacionados con financiamiento, recursos humanos, coordinación institucional y modificaciones legales.
Algunas medidas podrían avanzar mediante decisiones administrativas, mientras que otras necesitarían proyectos de ley y acuerdos parlamentarios.
La discusión también deberá considerar las diferencias territoriales y las necesidades de los pacientes.
Chile abre una nueva etapa de discusión sobre la reforma sanitaria
La entrega del informe representa un nuevo paso en el debate sobre el futuro del sistema sanitario chileno.
La Mesa de Trabajo de Modernización de la Salud propone fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones, reducir las barreras económicas y mejorar la oportunidad de atención.
Entre las iniciativas más relevantes se encuentran la eliminación de preexistencias en las Isapres, una mayor autonomía para Fonasa, la ampliación de la atención primaria y el establecimiento de tiempos máximos para determinadas listas de espera.
También se plantea avanzar hacia una mayor coordinación entre los sectores público y privado, especialmente en el tratamiento del cáncer.
No obstante, estas medidas todavía deben ser analizadas por las autoridades y no constituyen cambios vigentes.
El principal desafío será transformar las recomendaciones técnicas en propuestas concretas, con financiamiento, responsabilidades y mecanismos de evaluación que permitan determinar su impacto en el acceso y la calidad de la atención sanitaria.
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