El diagnóstico advierte que el acceso a la interrupción legal del embarazo continúa dependiendo, en muchos casos, del lugar de residencia y del establecimiento de salud al que acudan las pacientes. Además, identifica falencias en protocolos, procesos de derivación y en la implementación del reglamento sobre objeción de conciencia.
Solo dos establecimientos alcanzaron el cumplimiento total
El 8.º Informe sobre Derechos Sexuales y Reproductivos en Chile evaluó el cumplimiento de 41 parámetros, entre ellos la organización de la red asistencial, el consentimiento informado, la correcta aplicación de las causales y los protocolos de derivación.
Los únicos establecimientos que alcanzaron el cumplimiento total fueron:
- Hospital Regional de Valdivia.
- Clínica Alemana de Valdivia.
En el resto del país, el informe señala que solo el 31,1% de los indicadores presentó evidencia de cumplimiento, mientras que en el 64,8% de los casos no existía información suficiente para verificar si las exigencias legales se estaban aplicando correctamente. Estas cifras representan un retroceso respecto de la evaluación realizada en 2023.
Persisten diferencias entre el sistema público y privado
El estudio también identificó importantes diferencias según el tipo de establecimiento de salud.
Mientras los hospitales públicos registraron un nivel de cumplimiento cercano al 36,2%, las clínicas privadas alcanzaron alrededor del 21,2%, pese a que ambas redes tienen las mismas obligaciones legales para garantizar la atención contemplada por la Ley IVE.
Según Miles Chile, estas brechas pueden traducirse en diferencias concretas en el acceso oportuno a las prestaciones, dependiendo del lugar donde las personas busquen atención.
La objeción de conciencia continúa generando dificultades
Uno de los aspectos más relevantes del informe corresponde a la implementación del nuevo Reglamento de Objeción de Conciencia, vigente desde mayo de 2025.
La investigación concluyó que:
- solo 8 de los 73 establecimientos cuentan con protocolos de derivación cuando un profesional se declara objetor;
- apenas el 27% informó conocer el contenido del nuevo reglamento.
Los autores advierten que la ausencia de procedimientos claros puede retrasar la atención, obligando a las pacientes a trasladarse entre distintos centros de salud y enfrentar nuevas evaluaciones que prolongan los tiempos de respuesta.
El informe advierte consecuencias para las pacientes
Entre los antecedentes recopilados, el documento expone casos en que las demoras administrativas y la falta de coordinación afectaron el acceso oportuno a las prestaciones contempladas por la ley.
Los investigadores sostienen que estos problemas reflejan la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y garantizar que todos los establecimientos cuenten con protocolos claros y personal capacitado para responder conforme a la normativa vigente.
Persisten otros desafíos en salud sexual y reproductiva
Además de evaluar la implementación de la Ley IVE, el informe aborda otras materias relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos en Chile.
Entre ellas se encuentran:
- el acceso a la atención en salud sexual;
- la función y el bienestar sexual en distintas generaciones;
- la atención de personas transmasculinas en el sistema público;
- la insuficiencia ovárica prematura y la necesidad de mayor reconocimiento de esta condición.
Los autores consideran que estas áreas requieren políticas públicas que reduzcan las desigualdades y mejoren la calidad de la atención en todo el territorio nacional.
El desafío ahora es garantizar una aplicación uniforme de la ley
Especialistas coinciden en que la existencia de un marco legal constituye un avance importante, pero señalan que el acceso efectivo depende de que todos los establecimientos cuenten con los recursos, protocolos y capacitación necesarios para cumplir la normativa.
Fortalecer la fiscalización, mejorar la coordinación entre instituciones y reducir las brechas territoriales aparecen como elementos fundamentales para asegurar que las prestaciones contempladas por la Ley IVE puedan ser garantizadas de manera oportuna y en igualdad de condiciones para quienes las requieran.
A ocho años de la entrada en vigencia de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Chile, un informe elaborado por Miles Chile, con apoyo de IPAS, concluyó que el principal desafío ya no es la existencia de la normativa, sino su aplicación efectiva en todo el sistema de salud. El estudio evidenció que solo dos de los 73 establecimientos fiscalizados durante 2024 cumplieron el 100% de los estándares exigidos, mientras persisten diferencias significativas entre regiones y entre el sistema público y privado.
El diagnóstico advierte que el acceso a la interrupción legal del embarazo continúa dependiendo, en muchos casos, del lugar de residencia y del establecimiento de salud al que acudan las pacientes. Además, identifica falencias en protocolos, procesos de derivación y en la implementación del reglamento sobre objeción de conciencia.
Solo dos establecimientos alcanzaron el cumplimiento total
El 8.º Informe sobre Derechos Sexuales y Reproductivos en Chile evaluó el cumplimiento de 41 parámetros, entre ellos la organización de la red asistencial, el consentimiento informado, la correcta aplicación de las causales y los protocolos de derivación.
Los únicos establecimientos que alcanzaron el cumplimiento total fueron:
- Hospital Regional de Valdivia.
- Clínica Alemana de Valdivia.
En el resto del país, el informe señala que solo el 31,1% de los indicadores presentó evidencia de cumplimiento, mientras que en el 64,8% de los casos no existía información suficiente para verificar si las exigencias legales se estaban aplicando correctamente. Estas cifras representan un retroceso respecto de la evaluación realizada en 2023.
Persisten diferencias entre el sistema público y privado
El estudio también identificó importantes diferencias según el tipo de establecimiento de salud.
Mientras los hospitales públicos registraron un nivel de cumplimiento cercano al 36,2%, las clínicas privadas alcanzaron alrededor del 21,2%, pese a que ambas redes tienen las mismas obligaciones legales para garantizar la atención contemplada por la Ley IVE.
Según Miles Chile, estas brechas pueden traducirse en diferencias concretas en el acceso oportuno a las prestaciones, dependiendo del lugar donde las personas busquen atención.
La objeción de conciencia continúa generando dificultades
Uno de los aspectos más relevantes del informe corresponde a la implementación del nuevo Reglamento de Objeción de Conciencia, vigente desde mayo de 2025.
La investigación concluyó que:
- solo 8 de los 73 establecimientos cuentan con protocolos de derivación cuando un profesional se declara objetor;
- apenas el 27% informó conocer el contenido del nuevo reglamento.
Los autores advierten que la ausencia de procedimientos claros puede retrasar la atención, obligando a las pacientes a trasladarse entre distintos centros de salud y enfrentar nuevas evaluaciones que prolongan los tiempos de respuesta.
El informe advierte consecuencias para las pacientes
Entre los antecedentes recopilados, el documento expone casos en que las demoras administrativas y la falta de coordinación afectaron el acceso oportuno a las prestaciones contempladas por la ley.
Los investigadores sostienen que estos problemas reflejan la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y garantizar que todos los establecimientos cuenten con protocolos claros y personal capacitado para responder conforme a la normativa vigente.
Persisten otros desafíos en salud sexual y reproductiva
Además de evaluar la implementación de la Ley IVE, el informe aborda otras materias relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos en Chile.
Entre ellas se encuentran:
- el acceso a la atención en salud sexual;
- la función y el bienestar sexual en distintas generaciones;
- la atención de personas transmasculinas en el sistema público;
- la insuficiencia ovárica prematura y la necesidad de mayor reconocimiento de esta condición.
Los autores consideran que estas áreas requieren políticas públicas que reduzcan las desigualdades y mejoren la calidad de la atención en todo el territorio nacional.
El desafío ahora es garantizar una aplicación uniforme de la ley
Especialistas coinciden en que la existencia de un marco legal constituye un avance importante, pero señalan que el acceso efectivo depende de que todos los establecimientos cuenten con los recursos, protocolos y capacitación necesarios para cumplir la normativa.
Fortalecer la fiscalización, mejorar la coordinación entre instituciones y reducir las brechas territoriales aparecen como elementos fundamentales para asegurar que las prestaciones contempladas por la Ley IVE puedan ser garantizadas de manera oportuna y en igualdad de condiciones para quienes las requieran.
También puedes ver: https://saludlocal.cl/acceso-a-especialistas-sigue-siendo-el-principal-desafio-para-la-salud-sexual-en-las-zonas-rurales-de-chile/


















